La herida social del paciente dependiente
Editorial
Los cambios
sociales, junto a los avances tecnológicos y farmacológicos de las últimas
décadas, han dado lugar a un aumento de la esperanza de vida que ha acarreado
un aumento igualmente notable y significativo de la dependencia. Como
consecuencia de esto la demanda de cuidados se ha incrementado, y se espera que
siga haciéndolo a un fuerte ritmo durante los próximos años.
Antes de
abordar la situación actual de la dependencia en nuestro país, debemos definir
unos conceptos que se desarrollan en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En primer
lugar, el concepto de autonomía:
“La capacidad
de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales
acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como
de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria". (1)
Y, en segundo
lugar, el concepto de dependencia:
“Estado de
carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a
la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía
personal". (1)
Resulta muy
llamativo que, en la definición de estos dos términos, encontremos un tercer
concepto, “actividades básicas de la vida diaria”, que forma parte del lenguaje
que las enfermeras utilizan durante su práctica profesional habitual y parte,
de una sensibilidad que la entronca directamente con la idiosincrasia
enfermera. Cabe pensar que en el momento de su redacción, los legisladores eran
conscientes de que cuando las personas o familias están en una situación de
dependencia o de riesgo de dependencia, las enfermeras son, sin duda, los
profesionales mejor capacitados para valorar qué necesidades básicas están
comprometidas y para planificar los cuidados necesarios.
Con respecto a
la situación de la dependencia en España en la actualidad, a fecha del 31 de
Agosto de 2019, hay 1.093.620, personas beneficiarias con prestación a través
del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (Imserso), de los cuales el 72,45% tiene 65 años o más, y
el 54,4% tiene más de 80 años (2). Este dato se contextualiza mejor destacando
que la mayoría de los cuidados a estas personas dependientes proviene del seno
familiar, recayendo la responsabilidad mayormente en la mujer (Cuesta 2009 y
Ruiz Robledillo). Se calcula que, ya en el año 2008, se dedicaron 4600 millones
de horas al cuidado de personas dependientes, lo que supone un 5% del PIB de
ese mismo año (3–6).
Estos datos arrojan
una realidad que no debe ser obviada por los colectivos enfermeros, ya que
somos los profesionales encargados de la planificación y seguimiento de los
casos en los países donde mejor se han desarrollado las políticas sociales. Las
personas dependientes en España deben tener una legislación que los ampare y
que sea desarrollada, ejecutada y apoyada por la implantación de recursos
humanos y materiales.
La “herida
social” del paciente dependiente, al igual que una herida compleja, precisa de
un tratamiento específico, de unos cuidados planificados, de un equipo
multidisciplinar y de una evaluación periódica.
Afrontar el
problema de la atención a las personas en situación de dependencia, es una
responsabilidad ineludible de los agentes sociales y políticos, pero es también
una oportunidad que las enfermeras debemos aprovechar: los datos son arrolladores
y, las enfermeras, como agentes de cambio, tenemos el deber de detectar y derivar
a los pacientes dependientes que atendemos y que en muchos casos no han
iniciado los trámites para que sea reconocida su situación. Así mismo, debemos
orientar, cuidar y atender a las cuidadoras informales (son en su mayoría
mujeres) que precisen ayuda y puedan beneficiarse de la integración en
programas específicos de cuidados al cuidador. Por último, debemos investigar
en este campo para ayudar a visibilizar una realidad que, solo de esa manera
recibirá la atención que merece por parte de los diferentes responsables
políticos, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como a nivel
estatal.
Bibliografía
1. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. (núm. 299, de 15 de diciembre de 2006)
2. Instituto
de Mayores y Servicios Sociales [Internet]. 2015. Información destacada de la
evolución de la gestión del SAAD.
Disponible en:
http://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/otros_inf/id/index.htm
3. Oliva J, Vilaplana C, Osuna R. El valor
social de los cuidados informales provistos a personas mayores en situación de
dependencia en España. Gac Sanit. 2011;25(SUPPL. 2):108–14.
4. Jorgensen N, Cabañas M, Oliva J, Rejas J,
León T. Los costes de los cuidados informales asociados a enfermedades
neurológicas discapacitantes de alta prevalencia en España. Neurologia.
2008;23(1):29–39.
5. Ruiz-Robledillo N, Moya-Albiol L. El
cuidado informal: una visión actual. Rev Motiv y emoción. 2012; 1:22–30.
6. Salazar Agulló Modesta. Las enfermeras y
la Ley de Dependencia en España. Index Enferm [Internet]. 2006; 15(52-53): 07-09.
Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132
12962006000100001&lng=es.
Pedro
Raúl Castellano Santana